La debida diligencia es el análisis legal técnico previo a cualquier compraventa inmobiliaria. Consiste en verificar en el Registro de la Propiedad si la vivienda tiene cargas, hipotecas o embargos pendientes, comprobar que la situación urbanística en el Ayuntamiento es legal y constatar que no existen deudas de comunidad ni de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Por lo general, el comprador debe prever entre un 10% y un 13% adicional al precio de compra. Este porcentaje cubre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas de segunda mano, o el IVA y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para obra nueva. Además, se deben sumar los honorarios de notaría, registro de la propiedad y gestoría o asesoramiento legal.
Legalmente no es un requisito obligatorio, pero sí es altamente recomendable. El notario español da fe pública de la firma, pero no investiga a fondo el estado constructivo ni las implicaciones fiscales previas del vendedor. Un abogado experto en Property law defiende exclusivamente sus intereses y previene estafas o sorpresas financieras graves.
Si se adquiere una vivienda construida sin licencia o que infringe la ordenación del territorio, el nuevo propietario puede enfrentarse a expedientes de demolición, multas administrativas coercitivas o la imposibilidad de solicitar suministros básicos de agua y luz. Detectamos estas situaciones a tiempo para renegociar el precio o desestimar la compra.
Los no residentes necesitan tramitar obligatoriamente el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y abrir una cuenta bancaria en una entidad financiera española para canalizar los pagos. Podemos gestionar todo este proceso mediante un poder notarial de representación, evitando que tenga que viajar constantemente a España.
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